Publicado el 21/06/2025 por Administrador
Vistas: 144
El gobierno peruano ha lanzado una señal de alerta tras detectar actividades mineras informales de gran escala dentro de una concesión que pertenece a la compañía china MMG, operadora de la mina Las Bambas. En la región de Apurímac, miles de mineros artesanales habrían tomado el control de zonas como Sulfobamba, usando maquinaria pesada y transportando cobre sin permisos ni regulación estatal.
Lo que comenzó como una ocupación irregular se ha transformado en una operación paralela con capacidad económica significativa. Aunque todavía no iguala el volumen de la minería formal, se estima que esta actividad mueve más de 300 millones de dólares al año, afectando no solo a la economía formal del país, sino también a la estabilidad ambiental y social del corredor minero del sur andino.
El caso de Sulfobamba ha sido especialmente preocupante, ya que es parte de una concesión de MMG que aún no ha sido explotada comercialmente. La empresa afirma estar operando en una porción reducida del área y ha iniciado conversaciones con las comunidades que se han instalado en esa zona, buscando soluciones consensuadas y sostenibles para una futura explotación regulada.
Esta situación no es un hecho aislado. En regiones como Arequipa y Apurímac, se ha replicado el fenómeno: pequeños mineros informales, algunos ya inscritos en programas de regularización como el REINFO, explotan zonas que se superponen con concesiones de empresas como Southern Copper y First Quantum. La coexistencia de estos dos modelos —uno regulado y otro no— ha generado tensiones, bloqueos y conflictos recurrentes.
Además del aspecto económico, la minería informal está afectando la infraestructura. Carreteras claves como las del llamado “corredor minero” están colapsadas por el transporte constante de mineral sin control, lo que genera accidentes, daños a la vía y un clima generalizado de inseguridad.
El Ministerio de Energía y Minas enfrenta ahora el desafío de implementar políticas que frenen esta expansión informal sin desatar nuevos conflictos sociales. La meta de elevar la producción nacional de cobre a 2,8 millones de toneladas para 2025 podría verse comprometida si no se contiene la actividad paralela y se protege la inversión extranjera, especialmente en zonas estratégicas.
MMG ha expresado su intención de seguir operando conforme al marco legal y ha advertido que la creciente ocupación informal en Sulfobamba podría retrasar o modificar los planes de expansión de su tercera fase. Aun así, se muestra abierta a encontrar mecanismos que permitan la convivencia ordenada con las comunidades locales.
Este nuevo rostro de la minería informal pone en jaque a un país históricamente afectado por la explotación ilegal del oro. Ahora, con el cobre como protagonista clave de la transición energética global, Perú se enfrenta a un reto que exige reformas profundas en regulación, fiscalización y gobernanza del sector minero.
